El general (r) Óscar Naranjo, exvicepresidente de la República y ex director de la Policía, no es solo uno de los hombres que participó, de manera directa, en la firma del acuerdo de paz con las FARC, en 2016.

Por su larga trayectoria es también uno de los colombianos que mejor conoce lo que significa luchar contra la criminalidad. Enfrentó a los carteles de Cali y Medellín, al del Norte del Valle, a los grupos terroristas, las propias FARC, el ELN, etcétera.

Diez años después de la firma del acuerdo de paz el general (r) Naranjo se lamenta de que los últimos gobiernos hayan convertido la implementación del acuerdo de paz en una bandera política y le hace un llamado al presidente, Abelardo de la Espriella, para que cumpla con su promesa de cumplir la Constitución y, por ende, pese a sus diferencias con el acuerdo, contribuya a su implementación.

Criticó además los símbolos usados por el actual mandatario como firmar bombas, caminar entre cadáveres y utilizar el uniforme militar, pues considera que le abren "unas grietas al estado de derecho".

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Antes de entrar en materia sobre el acuerdo de paz, le pregunto por las acciones del presidente De La Espriella que criticó el expresidente Santos como caminar sobre cadáveres y firmar bombas como premios

La simbología en un estado de derecho tiene un peso muy grande, son las formas y contenidos los que marcan el pilar de los valores en una democracia por el respeto a la dignidad aun frente a los más peligrosos. Una simbología que cruce las líneas del estado de derecho está abriéndole unas grietas a ese estado de derecho.  

¿Y cómo analiza que el presidente se vista de militar?

No necesariamente la simbología que produce aplausos es la simbología que responde particularmente al recato, a la prudencia y al respeto por unos símbolos.  

El uniforme policial o militar corresponde al Ejército y la Policía. En la medida que un uniforme de la fuerza pública se asocie a la política, a un gobernante o un gobierno, ese uniforme empieza a tener vulnerabilidades de cara a lo que es el significante de ese símbolo.

Hablemos sobre el acuerdo de paz. ¿Es un balance positivo o negativo para el país luego de 10 años?

A diez años de la firma del acuerdo, Colombia demostró al mundo que sí era posible parar un conflicto de alta intensidad con una guerrilla con décadas de existencia, calificada como la más poderosa y peligrosa del continente. Ese esfuerzo a través de una negociación política marca un punto de inflexión en nuestra propia historia y un ejemplo que perdura para que el modelo de negociación sea referente.

Evidentemente, a pesar de las dificultades que ha enfrentado la firma del acuerdo, el país experimento en los años 2016, 2017 y 2018 las tasas más bajas de homicidio de las últimas décadas y desaparecieron modalidades que se habían naturalizado como las incursiones guerrilleras a municipios, registrando entre 30 y 50 y eso cesó.

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10 años después del acuerdo hay sombras y luces alrededor de esa implementación. Probablemente la sombra más grande es que como sociedad, y más allá del acuerdo, hemos sido incapaces de crear un clima que conduzca a los colombianos a iniciar un proceso de reconciliación.

¿De quien es la responsabilidad de esas fallas?

Es innegable que el acuerdo produjo una polarización política y hay que reconocer que buena parte de esta polarización tuvo que ver con un calendario electoral que estaba próximo a desarrollarse previo a la firma del acuerdo.

Uno de los errores que se cometieron como país y quienes tienen responsabilidades públicas es que se permitió que el acuerdo se convirtiera en una bandera electoral proselitista. El acuerdo debería estar por encima de esas diferencias políticas y debería estar blindado para que no fuera instrumento o bandera para adelantar política partidista electoral.  

Hay que reconocer que el acuerdo no es el responsable del deterioro de la seguridad en Colombia como muchos se lo quieren responsabilizar. Al contrario, la falta de implementación de ese acuerdo es la que ha abierto caminos para que se reciclen violencias de distinto orden en el territorio.

¿Qué desafíos se tiene después de 10 años?

El principal reto que tenemos hoy es asegurarnos de que el gobierno actual, tal como lo ha dicho el presidente de la república que cumplirá y respetará la constitución, asuma que el acuerdo, el compromiso y el pacto de implementar lo acordado tiene un rango constitucional y se espera que el gobierno actual cumpla lo que está previsto en la constitución y en el acuerdo.  

Por otra parte, es muy importante mirar lo que uno podría llamar los elementos intangibles que surgen del acuerdo, pero que están en el acuerdo. Por ejemplo, no abrirle paso a la estigmatización, avanzar en lo previsto como un pacto nacional para que se renuncie al uso de la violencia y el peso de la verdad como una reconciliación.

Durante estos 10 años han pasado muchos gobiernos de diferentes ideologías, pero aun así no se ha cumplido con esta implementación

La implementación del acuerdo está prevista que se haga de buena fe y de manera integral, por lo tanto, se ha fallado desde los distintos gobiernos que han elegido unas prioridades y han olvidado otras que están en el acuerdo, con lo cual el principio de integralidad se desdibuja.

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Hoy el saldo más grande que tenemos es con las victimas que siguen esperando que haya un estado que cumpla, que no cumpla solo materialmente, sino que avance también en una especie de reparación moral, espiritual y de aceptación por el dolor de esas víctimas.

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La Jurisdicción enfrenta un reto cultural, la falta de pedagogía para que se entienda que esta justicia no es de castigo ni punitiva, la justicia transicional tiene un enfoque restaurativo y reparativo.

A 8 años del funcionamiento de la Jurisdicción estamos reclamando decisiones y mayor velocidad, que las víctimas no terminen decepcionadas por lo que puede significar una lentitud en los procesos, llegó el momento a meterle el acelerador.

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