La reparación a las víctimas del conflicto armado alcanzó cifras históricas en 2025, luego que la Unidad para las Víctimas destinó 2,5 billones de pesos en indemnizaciones administrativas a 220.533 beneficiarios durante la vigencia pasada, un hito que eleva a 674.431 las personas reparadas por el actual gobierno, con una inversión acumulada de $6,8 billones equivalente al 42,7% de todos los recursos entregados en la historia de la política de reparación en Colombia.
"Hoy me acompañaron el Colectivo de la Mesa Nacional, las Mesas Distritales y los Sujetos de Reparación Colectiva. A ellos les contamos lo que fue la vigencia 2025 en materia de avances: una Unidad para las Víctimas mucho más cercana a la gente, mucho más cercana a los territorios", expresó Alix Aguilar, directora general (e) de la entidad, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
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El registro nacional de víctimas alcanzó 10.279.191 personas. En 2025, la entidad incluyó a 586.900 nuevas víctimas en el Registro Único de Víctimas (RUV), caracterizó a 376.574 ciudadanos e incorporó 233 nuevos sujetos de reparación colectiva, de los cuales 109 correspondieron a comunidades negras y afrocolombianas.
La reparación por vía judicial, a través del Fondo para la Reparación de las Víctimas, pagó 13.336 indemnizaciones por más de $267 mil millones. La reparación colectiva recibió un impulso presupuestal con el desembolso de $31.981 millones destinados a 48 sujetos.
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Uno de los principales resultados del año fue la formulación y concertación participativa de 92 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). Con este aporte, el gobierno de Gustavo Petro alcanzó 234 planes concertados en 26 departamentos, un incremento del 169% frente a la administración anterior.
En materia de retornos y reubicaciones, la entidad acompañó a 1.620 hogares en rutas de estabilización y coordinó en septiembre el retorno de la comunidad Emberá, con el traslado seguro de 614 hogares conformados por 1.449 personas. Estas acciones contaron con 276 intervenciones comunitarias.
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Además, la Unidad entregó 2.000 Esquemas Especiales de Acompañamiento Familiar en 55 municipios, con una inversión superior a $22.000 millones, orientada a fortalecer la estabilización socioeconómica de las familias afectadas por el conflicto.
La entidad reafirmó su compromiso con la gestión transparente de los recursos públicos y el fortalecimiento de la política de reparación integral, en un contexto donde la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 sigue enfrentando rezagos en materia de atención a víctimas, especialmente en territorios étnicos y zonas rurales de difícil acceso.
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