La escalada de violencia que sacude a Cúcuta, tras el asesinato de Miguel Armando Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía, y el atentado con explosivos contra la Policía y las instalaciones de la Dian en el sector de El Escobal, provocó una reacción conjunta de los gremios empresariales, que reclamaron medidas concretas y urgentes para recuperar la seguridad en Norte de Santander.
Fenalco Norte de Santander y ProCúcuta pusieron el foco en la necesidad de fortalecer la respuesta institucional, no solo para contener los hechos violentos, sino también para proteger las condiciones que necesita la economía regional. La preocupación de los empresarios apunta a un escenario en el que la inseguridad amenaza la operación de los negocios, aumenta la incertidumbre y puede frenar decisiones de inversión.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), seccional Norte de Santander, rechazó el homicidio de Castellanos, ocurrido la noche del lunes 26 de octubre, y la explosión registrada en la mañana del martes 27 de octubre en inmediaciones de la Dian, que dejó uniformados de la Policía Nacional heridos.
El gremio expresó sus condolencias a los familiares y allegados del exfuncionario, así como su solidaridad con los policías afectados y sus familias. Al mismo tiempo, exigió celeridad y contundencia en las investigaciones para esclarecer ambos hechos e identificar a los responsables.
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in embargo, su pronunciamiento fue más allá de la condena. Fenalco pidió fortalecer la presencia institucional en Cúcuta y articular las acciones de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, con estrategias de prevención y medidas efectivas para proteger a la población.
“La inseguridad no solo amenaza la vida y tranquilidad de los cucuteños, sino que también afecta la confianza ciudadana, la actividad comercial, la inversión y el desarrollo económico de nuestra región”, advirtió la organización.
Para el gremio, el respaldo a la Fuerza Pública debe traducirse en resultados que permitan a comerciantes, empresarios y ciudadanos desarrollar sus actividades sin temor. La recuperación de la seguridad, sostuvo, es una condición necesaria para que Cúcuta mantenga su actividad económica y su capacidad de atraer inversiones.
ProCúcuta pide reforzar inteligencia y control territorial
En la misma línea, el director de ProCúcuta, Gustavo La-Rotta, hizo un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer de manera inmediata y sostenida las capacidades de seguridad, inteligencia, investigación judicial y control territorial en Cúcuta y Norte de Santander.
El dirigente consideró que los recientes ataques exigen resultados verificables y una estrategia integral que permita anticipar las amenazas, combatir las estructuras criminales y recuperar la confianza de los ciudadanos.
La-Rotta sostuvo que la seguridad, la autoridad, el orden y la justicia son condiciones indispensables para proteger la vida y las libertades, pero también para garantizar el desarrollo empresarial y social del departamento.
Su preocupación tiene una dimensión económica particular en una región fronteriza que busca aprovechar sus ventajas logísticas, productivas y geográficas. La inseguridad, señaló, eleva los costos de operación, deteriora la confianza y genera incertidumbre, factores que pueden aplazar proyectos empresariales y decisiones de inversión.
El director de ProCúcuta insistió en que la violencia no debe convertirse en la principal referencia de Norte de Santander ante el resto del país. En su opinión, la respuesta institucional debe demostrar que existen condiciones para proteger el territorio y transformar las ventajas económicas de la región en inversión, empleo y crecimiento.
Rechazo de las cámaras de comercio y Asocapitales
La Red de Cámaras de Comercio también rechazó el atentado y el asesinato de Castellanos. La organización expresó su solidaridad con la familia del exsecretario de Gobierno y advirtió que estos hechos agravan las preocupaciones por la seguridad en Cúcuta y el departamento, con consecuencias para la tranquilidad de las comunidades y el desarrollo económico y social de la zona fronteriza.
Por su parte, el Comité Gremial de Norte de Santander manifestó su preocupación por el deterioro de la seguridad. Además del homicidio de Castellanos, señaló la reciente ola de asesinatos en el área metropolitana de Cúcuta y los secuestros registrados en los últimos días en Ocaña como hechos que aumentan el temor y hacen urgente una respuesta institucional.
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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) condenó el asesinato del exsecretario de Gobierno y expresó su solidaridad con sus familiares, el alcalde Jorge Acevedo, la administración municipal y los habitantes de Cúcuta.
La organización pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes esclarecer las circunstancias del crimen, establecer sus móviles e identificar y judicializar a los responsables.
Las reacciones coinciden en una exigencia: pasar de los pronunciamientos a resultados que permitan contener la violencia. Para el sector empresarial, la tarea tiene una doble dimensión: proteger la vida de los ciudadanos y evitar que la inseguridad siga debilitando la confianza necesaria para sostener el comercio, atraer capital y generar empleo en Norte de Santander.
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