La factura de energía de un hogar colombiano podría subir entre 5% y 6% y la de una industria entre 8% y 9% si el Congreso aprueba, tal como está, el capítulo del impuesto al carbono de la Ley de Rescate Económico.
La cuenta la hizo la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), que se sumó a la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) en una alerta contra los artículos 53, 54 y 55 del Proyecto de Ley 477 de 2026.
El texto que radicó el Gobierno de Abelardo de la Espriella el pasado 29 de octubre plantea dos cambios. El primero es un salto de la tarifa entre 2027 y 2029, que llevaría el gravamen general a 1,59 UVT por tonelada de CO2 equivalente (cerca de $83.000 con la UVT de 2026) y escalaría todavía más la tarifa que pesa sobre el carbón.
El segundo recorta del 50% al 25% el porcentaje del impuesto que las empresas certificadas como carbono neutro pueden dejar de pagar.
En ese orden, las comisiones económicas conjuntas tienen previsto el primer debate entre el 1 y el 2 de diciembre, pero los gremios quieren llegar antes con sus números.
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Cuánto subiría la tarifa de energía en Colombia
El argumento de Andeg parte de cómo se forman los precios en el mercado eléctrico, ya que el carbón funciona como referente de la oferta tanto en los contratos de largo plazo como en la bolsa de energía, de modo que un mayor costo de ese combustible se transmite a todo el sistema, no solo a las plantas que lo queman.
Por lo tanto, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, en respuesta a El Colombiano, calculó que para la generación térmica: el costo de producir electricidad en plantas a carbón y combustibles líquidos subiría entre 1,5% y 8%.
En cuanto al usuario residencial (regulado), el incremento estaría entre 5% y 6% en el costo unitario de prestación del servicio, el valor por kilovatio hora que se cobra en el recibo. Para el usuario industrial, el alza de entre 8% y 9%, por su alto consumo. En plata blanca, más de $51 por kilovatio hora adicionales sobre el costo unitario, con la tarifa plena propuesta.
A eso se suma un efecto indirecto, ya que el proyecto también grava con más fuerza la gasolina y el diésel, lo que encarece el transporte de los combustibles que llegan a las térmicas.
Una cuenta fiscal que no cuadra, según los generadores
Andeg calcula que los ajustes dejarían un efecto neto negativo de $3,8 billones sobre la competitividad del sector eléctrico hasta 2029. Buena parte de ese costo regresaría al propio Estado, que tendría que gastar más en subsidios para los estratos bajos cuando suba la tarifa. Frente a eso, el recaudo estimado del cambio sería de $1,2 billones.
Para Castañeda, esa diferencia evidencia “una brecha significativa entre el recaudo tributario esperado y los costos económicos que asumirían el sector eléctrico y los usuarios”.
El gremio pone otra referencia, según cifras de Asocarbono, en sus nueve años de vigencia el impuesto al carbono ha recaudado alrededor de $3,8 billones, una suma comparable con el golpe que la reforma le daría al sector eléctrico en apenas tres años.
La preocupación crece cuando se mira el calendario climático, debido a que, en sequías, cuando los embalses bajan, las plantas térmicas aumentan su generación y sostienen la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
Un impuesto más alto eleva sus costos variables, y esos costos terminan en las ofertas de precio en bolsa; por eso, Andeg advierte que el golpe llegaría en un momento en el que el sector ya enfrenta problemas de caja, retrasos en la expansión de infraestructura y dudas sobre la disponibilidad de combustibles.
Fenalcarbón: el impuesto valdría hasta el 70% del carbón en boca de mina
Del lado del sector del carbonífero, la alerta tiene otra cifra, ya que Fenalcarbón estima que, con las tarifas propuestas y la UVT de 2026, el impuesto llegaría a unos $119.000 por tonelada de carbón en 2027 y superaría los $212.000 en 2029. Eso equivale a cerca del 70% del precio de una tonelada en boca de mina.
Carlos Cante, presidente ejecutivo del gremio, aclaró a El Colombiano que el golpe no recae sobre las minas. “No es un costo sobre la producción, es un costo sobre el consumo”, explicó. Lo pagan quienes queman el mineral, es decir, las térmicas y las fábricas que necesitan calor para sus procesos.
Colombia consume cerca de 10 millones de toneladas de carbón al año, según Cante. Ese volumen sirve de respaldo al sistema eléctrico y alimenta los hornos de cementeras, ladrilleras, ingenios azucareros, siderúrgicas, coquizadoras y fábricas de cerámica.
“Esas industrias verían ese sobrecosto y lo tendrían que transferir a los precios de sus productos, restándole competitividad a la producción nacional”, dijo el dirigente.
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Por eso, su temor es que el cemento, el ladrillo o la cerámica colombianos pierdan terreno frente a importaciones de países como China, que no cobran impuestos ambientales equivalentes. El resultado, en su lectura, sería menos producción, menos empleo y presión sobre los precios al consumidor.
Carbono neutralidad: del 50% al 25%
Los dos gremios coinciden en el recorte al mecanismo de no causación, el punto que más los inquieta del articulado.
Hoy, una empresa que certifica neutralidad en sus emisiones, con proyectos de reforestación, restauración o eficiencia energética, puede dejar de pagar hasta la mitad del impuesto. Con el proyecto, ese tope baja a la cuarta parte. Según la carta que Fenalcarbón envió al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, el 17 de noviembre, eso obliga a pagar en efectivo al menos el 75% del tributo aun cuando la compañía demuestre que es carbono neutro.
Andeg, por su lado, sostiene que la medida contradice las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, reduce la demanda de créditos de carbono y frena la inversión privada en mitigación. También cuestiona el destino del dinero, debido a que el 20% del recaudo iría al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el 80% restante no tendría una destinación específica.
Para el gremio, eso convierte el tributo en una fuente para cubrir las necesidades de caja del Estado y privilegia “su papel como instrumento de recaudo fiscal” sobre su propósito ambiental.
Qué les piden los gremios al Gobierno y al Congreso
Fenalcarbón le llevó sus propuestas por escrito al Ministerio de Hacienda, se destaca, por ejemplo, eliminar los incrementos acelerados de 2027 a 2029 y repartir el alza en al menos dos décadas, atada a la adopción de nuevas tecnologías.
Asimismo, mantener el 50%, es decir, conservar el tope de no causación para proyectos certificados ejecutados en Colombia. También que haya salvaguardias como exenciones o cupos para industrias intensivas en energía expuestas a la competencia externa, como cemento, siderurgia y coquización, y para la generación eléctrica firme que respalda el sistema.
También más claridad sobre el destino del recaudo como fondos de reconversión tecnológica y eficiencia energética para la pequeña y mediana minería y la industria consumidora.
Andeg, por su parte, pide que el Gobierno presente un balance de lo recaudado desde 2017, en qué se gastó y cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se dejaron de emitir. También propone una revisión integral del impuesto, que evalúe si después de casi diez años cumple su propósito.
La carta de Fenalcarbón también pide eliminar la sobretasa de renta para la extracción de carbón, que según sus cuentas dejaría a las mineras con tarifas de hasta 43% en 2027 pese a la rebaja general al 33%. Además solicita pasar el carbón y el coque de excluidos a exentos de IVA, mantener la exoneración de parafiscales hasta 5 salarios mínimos para la minería subterránea y abrir el régimen RUGE a la pequeña y mediana minería, hoy fuera de alcance por un umbral de inversión cercano a $426.324 millones.
“No tiene ningún sentido un impuesto de carácter ambiental que no tenga en cuenta los efectos sociales y económicos sobre las regiones y sobre el país”, enfatizó Cante.
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