Más de 100 millones de pesos que habían sido presupuestados para el suministro de raciones alimentarias a las tropas de un batallón en Ocaña habrían terminado en manos de particulares. Este es el monto por el que nueve militares deberán responder ante la justicia por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
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Los uniformados que están en el ojo de las autoridades por este caso son los mayores Juan Camilo Lasso Leyton, David Leandro Hernández Ramírez y Daniel Camilo Rodríguez Guerrero; los sargentos Gilberto Valencia Vargas, Jair Alberto Polo Pedraza, Richard Josué Rodríguez Pontón, Luis Carlos Tafur Tafur y Carlos Arturo Hurtado Ayala, y el suboficial en retiro Jorge Armando Mejía Quevedo.
Todos fueron capturados en diferentes ciudades de Colombia, pero están vinculados judicialmente por hechos que habrían ocurrido entre abril y octubre de 2024. Durante ese periodo, presuntamente, aprovecharon las funciones propias de sus cargos para apropiarse de más de 100 millones de pesos, mediante supuestas irregularidades en el manejo de las partidas de alimentación asignadas al Batallón Especial Energético y Vial N.° 10, ubicado en Ocaña.
Según la investigación de la Fiscalía, los uniformados habrían intentado encubrir estas presuntas irregularidades mediante la alteración de documentos y la elaboración de certificados falsos sobre la entrega de víveres a los pelotones, pese a que estas no correspondían con las necesidades reales de la unidad.
De acuerdo con las evidencias recopiladas, en los registros también aparecían alimentos entregados a escuadras que no funcionaban en el batallón. Además, parte de las raciones habría sido destinada a uniformados que se encontraban realizando labores administrativas o adelantando entrenamientos en otro departamento, específicamente en Aguachica, Cesar.
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Todas estas pruebas, recopiladas durante una investigación que se extendió por cerca de 18 meses, fueron suficientes para que se emitieran órdenes de captura contra los nueve militares. Para hacerlas efectivas, se organizó un operativo interinstitucional en el que participaron unidades del Gaula Militar, la Policía y la Fiscalía.
Las capturas fueron adelantadas en diferentes instalaciones militares ubicadas en Norte de Santander, Santander, Nariño y Cundinamarca. Tras las detenciones, los nueve hombres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes y, durante el proceso de judicialización, ninguno aceptó los cargos imputados.
Ahora, el proceso avanza para establecer la responsabilidad individual de cada uno de los detenidos en los hechos investigados.
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