La Procuraduría Provincial de Ocaña profirió pliego de cargos a Deiby Alberto Arias Quintero, actual concejal de la Villa de los Caro, por un acto de violencia intrafamiliar contra su pareja Ingrid Johana Espejo Capella, que se presentó en el mes de mayo del año 2021.
En su momento, el concejal manifestó que “hicieron un show de una discusión, como si todos en algún momento no lo hayan tenido, en fin, la hipocresía”, situación que generó molestia por parte de diversos sectores sociales y grupos en pro de los derechos de las mujeres.
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Sin embargo, semanas después, se ordenó el arresto del funcionario público, a pesar que el concejal había solicitado al Instituto de Medicina Legal la valoración médica para ser tenido en cuenta como víctima dentro del proceso para lo cual aportó el dictamen médico.
La víctima de la agresión
La afectada por la agresión, Ingrid Johana Espejo Capella por razones de seguridad abandonó el municipio y ha participado de las audiencias de manera virtual.
“Salí corriendo con tres trapos como se dice popularmente. No he regresado porque temo por mi vida y el colmo de los colmos que una persona tan cuestionada que no es digna para ocupar un cargo de esa naturaleza ostente una credencial en Ocaña. Se espera celeridad en la investigación y sea apartado del escaño en el concejo”, comentó la víctima.
Censura la lentitud del proceso y no descansará hasta cuando se haga justicia. “No me rindo porque no merece seguir siendo un servidor público. Llevamos tres años de dilaciones y aplazamientos a pedido de la defensa. Dios quiera que la Procuraduría tome las medidas disciplinarias”, recalcó.
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De acuerdo con el cronograma, en el mes de septiembre se efectuará la audiencia preparatoria para el juicio oral y la presentación de las pruebas contundentes. “Han solicitado ante los altos tribunales anular los cargos, pero es imposible, ya que fui víctima de acto de violencia intrafamiliar y sexual agravado. No entiendo cómo no se tipificó la tentativa de feminicidio si casi acaba con mi vida”, agregó la víctima.
Hermetismo total
El concejal vigente del Partido de la U, Deiby Alberto Arias Quintero guarda absoluto silencio a la espera de la defensa por parte de los profesionales de turno.
Mientras tanto, el representante penalista de la persona agredida, abogado Ronald Jesús Sanabria Villamizar explica que los actos propios de la Procuraduría son de carácter disciplinario y se espera el juzgamiento verbal para practicar las pruebas de una falta gravísima que puede castigarse con destitución fulminante e inhabilidad entre 12 a 20 años para ejercer cargos públicos.
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En su caso pide a la Fiscalía General de la Nación como apoderado de la víctima el juicio oral para aportar las pruebas y se condene por los actos violentos. No comparte la dilación del proceso ante el cambio de los defensores, por lo que pide que se proceda a la condena que puede acarrear un tiempo entre los 9 a 14 años privado de la libertad.
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