Al encuentro asistieron el gobernador William Villamizar y seis alcaldes en representación de los municipios del departamento: Jorge Acevedo (Cúcuta), Klaus Faber Mogollón (Pamplona), Elkin Caballero (El Zulia), Alexi Valencia (Los Patios), Emiro Cañizares (Ocaña) y Richar Claro (Tibú).
Al término de la jornada quedó un compromiso compartido entre el Gobierno entrante y las autoridades territoriales: convertir la recuperación de la seguridad en el punto de partida para ejecutar los proyectos que durante años han permanecido pendientes y devolverle a Norte de Santander un papel protagónico en la agenda nacional.
Mensaje a los violentos
Tras finalizar el primer empalme regional del gobierno entrante en Cúcuta, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, lanzó el anuncio más contundente hasta ahora sobre la estrategia de seguridad que implementará en el Catatumbo.
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Desde la capital de Norte de Santander declaró objetivos militares a dos de los principales comandantes que hoy lideran la confrontación armada en esa subregión: alias Alfred, del Frente de Guerra Nororiental del Eln, y alias Andrey, comandante del frente 33 de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Calarcá. Al mismo tiempo, les dio un ultimátum de un mes para entregarse a las autoridades.
"Aprovecho los micrófonos de todos los medios que nos acompañan para declarar a alias Alfred, del frente de guerra nororiental del Eln, y a alias Andrey, del frente 33 de las Farc, objetivos militares del Gobierno del Tigre", afirmó De la Espriella.
Acto seguido endureció el mensaje: "Tienen un mes para entregarse; de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les haremos sentir todo el peso de la ley y del Estado de derecho".
Ambos cabecillas son señalados por las autoridades de dirigir las operaciones que, desde enero de 2025, desencadenaron una de las crisis humanitarias más graves que ha enfrentado esa región en las últimas décadas. El saldo de 17 meses de confrontación supera las 101.883 personas desplazadas, además de más de 120 víctimas entre homicidios, desapariciones y lesiones, así como numerosos casos de confinamiento que mantienen bajo presión a las comunidades rurales de la mayoría de los municipios del Catatumbo.
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