Un nuevo capítulo se comenzó a escribir en las últimas horas, en el entramado de corrupción que estalló hace unos meses en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), por cuenta de los manejos irregulares de millonarios contratos y aparentes sobornos.

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El exdirector de la entidad, Olmedo López, uno de los cerebros del escándalo, le contó a la Corte Suprema de Justicia nuevos detalles sobre las movidas que se habrían dado con recursos públicos y que en esta oportunidad comprometen, aparentemente, a otro ministro, a más congresistas y hasta el proceso de paz que adelanta el Gobierno con el Eln.

La declaración juramentada que Olmedo le entregó al alto tribunal el pasado 25 de junio y que fue revelada en exclusiva por Noticias Caracol no solo agitó nuevamente el panorama político en el país, sino que podría llevar a la apertura de nuevas líneas de investigación en la Corte, según advierten expertos.

El impacto de lo que se conoció es de tal magnitud que la Sala de Instrucción ordenó, ayer mismo, investigar la filtración de la grabación y resolvió que el proceso pasará en adelante al despacho del presidente de la Sala.

Contratos para salvar la ‘Paz total’

Uno de los datos más reveladores que entregó Olmedo López en su declaración juramentada tiene que ver con la presunta injerencia del escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo en la apuesta de ‘Paz total’ que se ha convertido en una bandera del presidente Gustavo Petro.

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López asegura que lo sucedido en esa entidad también toca “a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte, con gran influencia en el departamento de Arauca”: el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Según el exfuncionario de Gobierno, desde la Ungrd también se direccionaron contratos para esta agrupación armada, como una forma de ayudar con su financiación y evitar así que el proceso de paz se viera afectado.

“Es que ellos (el Eln) emitieron un comunicado hace unos meses ‘volvemos a los secuestros porque no nos han garantizado la manutención de los hombres mientras hablamos de paz’. Y cómo los iban a garantizar, pues con contratos, honorables magistrados”, se escucha en la declaración de López.

En ella agrega lo siguiente, para ratificar su versión:“(…) Sé leer entre líneas y es cuando veo que uno de esos contratos va para ese territorio de una alta influencia guerrillera del Eln. Ese nombre de la congresista es de esos mismos territorios”, dice el exfuncionario en su declaración, en alusión a la representante a la Cámara por Arauca, Karen Manrique, quien hizo parte de la Comisión de Paz del Congreso.

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Ante el revuelo que causó la declaración de López, el presidente Gustavo Petro y la delegación de paz con el Eln no tardaron en reaccionar a lo dicho por el exdirector de Gestión del Riesgo y negaron cualquier posibilidad de que el proceso de paz con esta guerrilla pueda estar salpicado con el entramado de corrupción.

“Entonces, un proceso de paz cuyos miembros de la comisión negociadora incluye hasta miembros de la oposición, que cuenta con presencia de la Iglesia Católica, y los militares, que tiene como garantes a países extranjeros, cuyas reuniones tienen acta pública, ¿se enredó en una sucia transacción corrupta de contratos? Qué manera tan sucia de usar algo tan sagrado como la paz en rebajar penas sin devolver la plata robada”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Y dijo que mientras la violencia está al servicio de la corrupción, la paz no. “Las negociaciones de paz con el Eln solo han logrado un primer punto de compromiso político. Cualquier financiación con el Eln, tal como sucedió con las Farc, se daría en la fase final con la desmovilización definitiva de la violencia y jamás se daría a través de la contratación pública”, dijo.

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Por su parte, la delegación oficial publicó un comunicado en el que dejaron claro que la exigencia al Eln de poner fin a la práctica del secuestro, por razones económicas, nunca ha estado sujeta a “ofrecimiento alguno o contraprestación”.

Minhacienda se defendió

En su declaración, Olmedo López también señaló al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de ser partícipe de la red de corrupción en la cuestionada entidad y lo ubicó como uno de los supuestos arquitectos detrás del reparto irregular de contratos a congresistas.

El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo reveló cómo se dieron, presuntamente, las reuniones en Presidencia y hasta en el Ministerio de Hacienda para la compra de congresistas, a cambio de votos para las reformas en el Congreso.

“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, dijo López.

Según López, estas órdenes fueron impartidas en una reunión que denominó como “cónclave” y que se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023.

Incluso, señaló al ministro de Hacienda como la persona que dio el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la Ungrd por $208.000 millones.

Ante sus revelaciones, Bonilla anunció que afrontará con respeto por la justicia cualquier examen sobre sus actos oficiales.

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“Mi inocencia, más allá de cualquier sombra de duda, prevalecerá con pruebas y argumentos que aportará mi equipo jurídico, sin distraerme de mis verdaderas obligaciones”, agregó el ministro.

Lo que sigue

Para analistas y expertos, lo que viene en adelante es un largo y espinoso camino de declaraciones por parte de funcionarios y congresistas salpicados en el escándalo, investigaciones de documentación, seguimiento a transacciones y auditorías de contrataciones.

Germán González, consultor y analista político, explicó que hay una investigación abierta en la Fiscalía y en la Corte por estos hechos de corrupción y detalló que aunque el alto tribunal tiene la jurisdicción exclusiva para investigar y juzgar a los congresistas, la Fiscalía desempeña un papel crucial en la recolección preliminar de evidencia, la protección de testigos y la colaboración, para asegurar que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera efectiva y justa.

Para González, hay otro aspecto que se debe tener en cuenta y es que, la oposición no tardará en capitalizar esta situación. Esto, por cuanto los resultados de las investigaciones, previstos para 2025, nutrirán su narrativa de campaña antigobierno con miras a las elecciones de 2026, fortaleciendo su posición y argumentos contra la administración actual.

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Además, cree que si estos escándalos continúan, también minarán la cohesión de las mayorías que ha construido el presidente en el Congreso. “No solo pondrán en riesgo la legitimidad y validez de las reformas aprobadas, sino que también aumentarán la fragmentación interna de los partidos, endureciendo el faccionalismo a favor y en contra del Gobierno, ya que un escándalo de esta magnitud genera incentivos para no permanecer bajo la sombra del Ejecutivo”, plantea al analista.

Presidente, a declarar

En medio de las nuevas revelaciones que se publicaron sobre el escándalo de corrupción que salpica a su gobierno, se conoció que el presidente de la República, Gustavo Petro, también fue llamado a declarar por la Corte Suprema de Justicia en este caso.

La citación es para que entregue su versión, en condición de testigo, al igual que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco.

“La declaración del presidente Petro y del ministro Jaramillo se hará por certificación juramentada”, señaló la Corte Suprema en un comunicado.

El alto tribunal también ordenó una inspección judicial a las oficinas de la Presidencia, al igual que a la Secretaría del Senado y de la Cámara, para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional.

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