El proyecto de reforma a la justicia penal, presentado por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia, busca descongestionar el sistema judicial del país mediante la ampliación de preacuerdos y principios de oportunidad. Estas medidas se plantean como herramientas para lograr una justicia más ágil y eficaz, aunque también generan preocupaciones sobre el riesgo de abrir la puerta a la impunidad.

Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia a la Justicia (CEJ), destacó que esta reforma podría abordar la congestión y la ineficiencia del sistema penal acusatorio, que ha mostrado serias limitaciones en su funcionamiento.

"Actualmente, solo el 10% de los casos que ingresan al sistema penal se resuelven a través de mecanismos alternativos, mientras que el 90% llega a juicio", señaló Herrera. Según él, esta situación contrasta con las tendencias internacionales, donde la mayoría de los casos se resuelven de manera consensuada y rápida.

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Según Herrera, "la gran congestión" y la "ineficiencia en las sanciones" son problemas que deben resolverse, y los preacuerdos ofrecen un camino viable para lograr una justicia más ágil.

Encontrar un punto medio

Sin embargo, la propuesta ha sido criticada por la posibilidad de que estos mecanismos se conviertan en herramientas que faciliten la impunidad.

El director de la CEJ advirtió sobre el equilibrio necesario entre la rapidez de los procesos y la calidad de las decisiones. Subrayó que "encontrar un punto medio" es crucial para evitar que la agilidad comprometa la rigurosidad del sistema, lo que podría llevar a decisiones apresuradas y mal fundamentadas.

Además, destacó la importancia de implementar controles adecuados para que los mecanismos de preacuerdos y principios de oportunidad no se conviertan en herramientas de evasión del delito.

Por su parte, Francisco Bernate Ochoa, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, consideró que la apertura a más preacuerdos no solo busca desahogar el sistema judicial, sino también reestablecer mecanismos que habían sido limitados en los últimos años.

"Esta reforma no es innovadora, sino que intenta regresar a lo que se aprobó hace 20 años", afirmó, y añadió que "debido a una serie de reformas absurdas, el sistema colapsó".

Según Bernate, el verdadero objetivo de cualquier reforma debería ser lograr que la mayoría de los casos se resuelvan a través de acuerdos y preacuerdos, en lugar de congestionar aún más el sistema judicial. "La clave está en que solo el 10% de los casos debería llegar a juicio", concluyó.

Fortalecer la administración de justicia

Aunque reconoció que el enfoque en la resolución rápida de casos es esencial, también enfatizó que sin un adecuado fortalecimiento de la administración de justicia, cualquier intento de reforma podría ser un “mero parche" para una crisis estructural que es más profunda.

Ambos juristas coincidieron en que la reforma debe ir acompañada de un aumento en el número de jueces y en la implementación de tecnologías que faciliten la administración de justicia.

Herrera mencionó que "la tasa colombiana es de 10,98 jueces por cada 100.000 habitantes", muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que recomienda al menos 65 jueces por cada 100.000 habitantes.

Esta desproporción refleja una profunda necesidad de inversión en recursos humanos y tecnológicos en el sector judicial, lo que, según Herrera, es crucial para lograr una justicia efectiva y oportuna.

Los expertos también coincidieron en que la reforma no debe ser vista como la panacea a todos los problemas del sistema judicial. "Si no se fortalece la administración de justicia", dijo Bernate, "continuaremos enfrentando una crisis estructural en el sistema penal".

A esto se suma la preocupación por la reciente aprobación de una reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que algunos críticos consideran que puede agravar el clientelismo dentro del sistema judicial, complicando aún más su funcionamiento.

El riesgo de la impunidad

En cuanto a los temores de que los preacuerdos puedan ser utilizados indebidamente, Herrera argumentó que la responsabilidad recae tanto en la Fiscalía como en el sistema judicial para controlar su aplicación.

"Lo que se persigue es disminuir la impunidad y no incrementarla", enfatizó, sugiriendo que un marco normativo claro y controles eficaces podrían evitar abusos en el uso de estos mecanismos.

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ernate, por su parte, resaltó que los principios de oportunidad no minimizan los delitos, sino que permiten investigar de manera más eficiente, siempre bajo el control judicial correspondiente.

Según cifras del Ministerio de Justicia, en Colombia, más del 70% de los delitos no se denuncian, y de aquellos que sí, solo un pequeño porcentaje resulta en condenas efectivas, lo que eleva la preocupación por la impunidad.

Herrera destacó que “la propuesta de reforma busca no solo descongestionar el sistema, sino también abordar este problema crítico que ha dejado a tantas víctimas sin justicia".

A pesar de los desafíos, tanto Herrera como Bernate coincidieron en la importancia de que las víctimas sean priorizadas en el proceso.

Las víctimas deben tener prioridad

Herrera enfatizó que un sistema penal debe ser capaz de proteger adecuadamente los derechos de las víctimas, sugiriendo que una resolución rápida a través de preacuerdos podría, de hecho, beneficiar a quienes han sufrido un delito al ofrecerles una respuesta más ágil y satisfactoria.

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Bernate, por su parte, destacó la necesidad de soluciones alternativas para resolver conflictos que no saturen el aparato judicial, argumentando que muchas disputas podrían resolverse a través de mecanismos de mediación en lugar de depender exclusivamente del sistema penal.

"Es crucial que el sistema penal no se utilice para resolver disputas que podrían manejarse a través de mecanismos de mediación”, concluyó.

La iniciativa, que busca ajustar el sistema a estándares internacionales de justicia penal, representa un esfuerzo significativo por abordar la congestión y la impunidad. Sin embargo, el éxito de la reforma dependerá de la implementación efectiva de los cambios propuestos y del compromiso de todos los actores involucrados en el proceso judicial, desde los legisladores hasta las entidades encargadas de la administración de justicia.

Con un contexto de creciente violencia y criminalidad en el país (que en 2023 reportó más de 1.8 millones de noticias criminales) la atención a los derechos de las víctimas y la necesidad de un sistema judicial más eficiente se tornan cada vez más urgentes.

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