La Defensoría del Pueblo advirtió, mediante la Alerta Temprana 028 de 2026, sobre el riesgo para las comunidades de seis municipios del Oriente antioqueño por la disputa territorial entre dos estructuras armadas ilegales.
Los municipios son La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño, que suman más de 167.000 habitantes, el 44,2 % de ellos en zonas rurales, según proyecciones del DANE citadas en la alerta.
Según la entidad, la confrontación entre el Frente Géner Morales, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, y el grupo de crimen organizado El Mesa ha intensificado los controles sociales, las restricciones a la movilidad, las extorsiones y las intimidaciones contra la población.
La Defensoría explicó que el Oriente conecta el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio y el centro del país, lo que les permite a las estructuras ilegales interconectarse con otras subregiones, movilizar integrantes y erigirse como “autoridades de facto”.
Según el documento, El Mesa, originario de Bello y articulado con La Oficina, se ha expandido hacia zonas rurales, lo que desató disputas con el Frente Géner Morales por corredores de movilidad y fuentes de financiamiento ilegal.
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En esos territorios, afirma la entidad, los grupos cobran “impuestos” sobre la producción agropecuaria y agroindustrial, controlan la explotación ilícita de yacimientos en las cuencas de los ríos Samaná Sur, Melcocho, Santo Domingo, Buey y Arma, y dominan las redes de microtráfico.
También imponen “manuales de conducta”, restringen la movilidad de pobladores y de personas forasteras, instalan puestos de control, hacen empadronamientos y mantienen vigilancia permanente con redes de informantes en vías veredales. A la Defensoría le preocupa especialmente la injerencia en las juntas de acción comunal y la intimidación contra sus dignatarios.
Los antecedentes que cita la alerta
El documento recoge hechos de violencia en los municipios: la masacre de cuatro jóvenes el 30 de agosto de 2025 en la vereda San Juan, de La Unión; el asesinato de tres personas, entre ellas un líder juvenil, el 8 de noviembre de 2025 en el barrio Tahamíes, de El Carmen de Viboral; dos masacres en Abejorral, el 5 de enero y el 6 de agosto de 2026, con seis hombres asesinados; el homicidio de un líder social en Sonsón en julio de 2024, y el de un exconcejal en Nariño en noviembre de 2025.
Para la Defensoría, esos episodios reflejan el uso de la violencia para generar temor, restringir la organización comunitaria e imponer condiciones.
Según la alerta, el impacto recae de manera desproporcionada sobre comunidades campesinas de poblados dispersos, mujeres rurales, mineros tradicionales, comerciantes y transportadores.
Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes están en alto riesgo de reclutamiento forzado, de engaño con falsas ofertas laborales, de ser usados para el microtráfico y labores logísticas y de desescolarización.
La Defensoría también advirtió sobre posibles desplazamientos forzados, confinamientos y retaliaciones contra quienes sean señalados de colaborar con los grupos rivales o con las autoridades. Y dijo que docentes y servidores públicos locales han sufrido intimidaciones que limitan la oferta institucional en zonas rurales apartadas.
Las 31 recomendaciones
La Defensoría formuló 31 recomendaciones a autoridades nacionales, departamentales y municipales, entre ellas los ministerios del Interior y de Defensa, la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, el ICBF, la Unidad Nacional de Protección, la Gobernación de Antioquia y las alcaldías de los seis municipios.
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Incluyen una respuesta coordinada por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, acciones de disuasión y protección con enfoque de derechos humanos, prevención urgente del reclutamiento de menores, protección de líderes sociales, investigación y judicialización de las finanzas criminales y formalización minera. La entidad recordó que las alertas tempranas son preventivas, no predictivas.
Lo que dice la Gobernación
El Colombiano consultó a la Gobernación de Antioquia sobre las acciones de prevención y control ante la inseguridad en esta subregión. Afirmaron que mantienen acciones permanentes en el Oriente para prevenir afectaciones a la población. Este año hizo siete consejos de seguridad con municipios de la subregión y cuenta con 2.188 cámaras integradas a los nodos subregional y departamental.
Además, respondieron que desarrolló intervenciones integrales en Argelia, Nariño, Abejorral, San Luis, Cocorná y Granada, y que su Secretaría de Seguridad, Justicia y Paz mantiene comunicación con alcaldes y secretarios de Gobierno.
La Gobernación insiste ante el Gobierno Nacional en la necesidad de implementar la “burbuja” operacional en la subregión, para facilitar operativos e inteligencia conjunta entre la Fuerza Pública y la Fiscalía.