La presencia de dos francotiradores apostados en la terraza del Capitolio Nacional apuntando sobre la Plaza de Bolívar durante la jornada de protesta, denunciada por sectores de la oposición que se la atribuyó al Gobierno, resultó ser un pedido hecho por el expresidente Gustavo Petro, quien participó de las manifestaciones.
La polémica en tal sentido se desató en el Congreso, en donde se indicó que esos francotiradores fueron ubicados en virtud de la puesta en marcha del decreto que expidió el Ejecutivo para intervenir la protestas, el cual entró en vigencia hoy para atender las manifestaciones que se dieron en el país en rechazo al Gobierno.
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La senadora de la Alianza Verde, Jennifer Pedraza, afirmó en plenaria que una de las formas para intimidar a los manifestantes fueron los francotiradores. En el mismo sentido se pronunció el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Gabriel Becerra.
El congresista sostuvo en una publicación en X que “Abelardo de la Espriella, ministro de Defensa y ministro del Interior! ¿Qué hacen militares con fusiles en la Plaza de Bolívar, encima del Capitolio? ¿Esa es la instrucción que imparte su nuevo decreto? Alertamos, a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría ante estos hechos”.
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“¡Exigimos explicaciones inmediatas y garantías para el respeto de los derechos fundamentales! Esto es una protesta social no un campo de combate militar. Exigimos a la Mesa Directiva del Congreso de la República que nos indiquen por qué se autorizó esto”, reclamó Becerra.
Los señalamientos y acusaciones de los congresistas de oposición se cayeron luego de que el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien hizo pública una carta del esquema de seguridad del expresidente Petro, quien el martes solicitó la presencia de los dos uniformados, porque él estaría presente en la manifestación.
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La comunicación fue enviada por el subintendente jefe Juan Carlos Bermúdez, responsable de la avanzada del expresidente Petro, al teniente coronel José Luis Gómez, de la Policía del Congreso, en donde le decía que con base en las normas de protección a que tienen derecho los ex presidentes, solicitaba la presencia de dos uniformados, desde las 8 de la mañana, en la azotea del Congreso, para brindar la seguridad del exmandatario.
Ante la contundente evidencia presentada a la plenaria, el presidente Henríquez, señaló que mientras que él sea el responsable del Congreso dará todas las garantías de seguridad a quien corresponda sin importar su tendencia política. Además hizo un llamado a la senadora Pedraza y a los sectores del Pacto Histórico a que verifiquen esas informaciones antes de difundirlas.
Pedraza, aunque reconoció su equivocación, insistió en que el derecho a la protesta no se puede violar por parte del Gobierno.
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