En pocas semanas, el país se enfrentará a una nueva definición del aumento del salario mínimo, con el precedente del incremento del 23% aprobado el año pasado, que, como se comprobó a lo largo del año, fue un motivo de tensión para la economía colombiana.

A la definición de este año, el país llega con una inflación que ya está en el 6,3% anual y una presión enorme por reducir el preocupante déficit fiscal.

La primera fecha de este proceso de negociación será ya el próximo miércoles 18 de noviembre, según informó el Ministerio del Trabajo. En esta primera reunión se fijará la hoja de ruta en la que se determinará en qué momento cada una de las partes presentará sus propuestas y cuál será la fecha límite para esta negociación.

En esa misma línea, el Ministerio del Trabajo, ha empezado durante las últimas semanas a desarrollar trabajos conjuntos con la academia y representantes del empresariado y sindicato con el fin de sentar las bases de las negociaciones que iniciarán la próxima semana.

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, enfatizó en que la cartera del Trabajo busca mantener una concertación permanente y fortalecer los canales de participación de la negociación.

“Desde el Ministerio del Trabajo estamos impulsando una concertación permanente, que escuche a más sectores y permita tomar decisiones con rigor técnico, teniendo en cuenta las distintas realidades del mercado laboral colombiano”, afirmó la funcionaria.

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El vicepresidente, José Manuel Restrepo, en entrevista con Semana, enfatizó por su parte en que la intención del Gobierno es lograr consensos en este proceso de negociación, sin descuidar la realidad económica del país.

“Yo sé que la ministra de Trabajo viene haciendo una tarea destacada en el acercamiento entre los equipos sindicales, los sindicatos de nuestro país, los gremios empresariales, los empresarios de Colombia, buscando que la política en materia de salario mínimo sea una política que permita reconocer la pérdida del poder adquisitivo, simultáneamente la productividad los trabajadores, y que busque reconocer ese escenario de garantizar y preservar la capacidad de poder adquisitivo que deben tener los colombianos”, afirmó.

“Estamos apenas en los prolegómenos de una conversación que seguramente tiene que ir avanzando y que en la medida en que vaya avanzando tiene que encontrar un punto de encuentro que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo, pero simultáneamente garantizarle al ciudadano, creo que al ciudadano le importa que la platica que recibe le permite comprar los bienes que necesita para sobrevivir”, añadió.

Propuestas la academia y el empresariado

Gremios empresariales y sectores académicos del país han insistido en la necesidad de que la negociación del salario mínimo 2027 se ciña a datos claves de la economía nacional, como la inflación, la productividad, el comportamiento del empleo, la informalidad y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Un análisis realizado por la Universidad de La Sabana indicó que el incremento debería rondar el 8,4% si es tenido en cuenta la fórmula que históricamente se ha aplicado para este proceso.

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Wilson Rodríguez, profesor de economía de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas (EICEA) de la Universidad de La Sabana señaló que  desde una mirada técnica, el número sensato debería rondar el 8,4%, que es la suma básica de la inflación observada (6,3%) más la productividad laboral (alrededor de 2%).

Rodríguez señaló que un nuevo aumento elevado podría presionar la inflación y afectar el empleo formal, aspectos que han sido grandes nubarrones durante el Gobierno de Gustavo Petro.

“Según estimaciones del propio Banco de la República, por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el gasto fiscal se eleva cerca de un 0,04% del PIB. Con gremios hablando del 9% y sindicatos pidiendo cifras por encima del 40%, la distancia es un abismo técnico. Salvo una sorpresa mayúscula, el margen para concertar es casi nulo y el incremento terminará saliendo por decreto presidencial”, enfatizó el profesor de economía de la Universidad de La Sabana.

Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, se mantuvo en una línea muy similar reiterando que el incremento del salario mínimo no debe superar el 9% este año.

Además, Cabal pidió recuperar una metodología de cálculo basada en la inflación y la productividad, contrario a lo implementado por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Si nosotros miramos cómo va a terminar la inflación este año y miramos también en la productividad, el salario no debería superar más allá del 9%”, afirmó el presidente del gremio.

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En ese sentido, una variación de entre 8% y 9% representaría un incremento de entre $140.000 y $158.000, aproximadamente al salario mínimo que hoy reciben cerca de 2,4 millones de trabajadores.

Los trabajadores, en busca de los dos dígitos

En el otro lado de la negociación se encuentran los sindicatos de trabajadores entre los que está la Central unitaria de Trabajadores (CUT), la cual planteó la posibilidad de un incremento cercano al 38,5%.

Esta perspectiva fue planteada por el expresidente del sindicato, Fabio Arias, quien aseguró que aún existe una diferencia entre el salario mínimo actual y el denominado salario mínimo vital.

Este incremento representaría un añadido de cerca de $670.000 al montó que reciben hoy millones de trabajadores.

Otras organizaciones han sido menos ambiciosas, aunque coinciden en una meta de aumento por encima de los dos dígitos.

Y, mientras empieza la negociación, el clima social empieza a agitarse. Por un lado, la discusión de la ley de rescate fiscal sigue siendo intensa en el Congreso, especialmente por el tema del IVA a productos de la canasta familiar, y por otro, el próximo jueves habrá una nueva jornada de protestas convocadas por centrales obreras, sindicatos y organizaciones sociales.

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