Con 7 votos a favor y 8 en contra, el Concejo Municipal de Ocaña decidió no aprobar el Presupuesto General de Inversiones y Gastos para la vigencia 2025 durante el último día de prórroga de las sesiones ordinarias.
La decisión se tomó ante la falta de claridad en la reestructuración de pasivos, lo que llevó a varios concejales a abstenerse para evitar posibles errores administrativos.
El alcalde podría actuar por decreto
El alcalde Emiro Cañizares Plata tiene la facultad de adoptar el presupuesto por decreto. Sin embargo, la situación se complica debido a la incertidumbre en torno a la continuidad de la intervención económica tras la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien enfrenta cuestionamientos relacionados con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.
Por su parte, Yurima Isabel Sánchez Rincón, presidenta del Concejo, expresó su sorpresa por la decisión de la mayoría de los concejales de rechazar la propuesta del mandatario local. Según Sánchez Rincón, este presupuesto buscaba cumplir con el Plan de Desarrollo y garantizar la continuidad de la intervención económica.
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“La intervención económica no tendrá tropiezo alguno, pues son trámites administrativos que siguen en marcha, a pesar de la salida de un funcionario del alto gobierno. Nosotros los concejales ya aprobamos esa iniciativa”, afirmó la abogada.
Un presupuesto detallado pero controvertido
El presupuesto proyectado asciende a $173.572.905.492,97, con partidas destinadas a funcionamiento, inversión y programas sociales. De este monto, alrededor de $38.900.000.000 serán administrados directamente por el municipio.
Entre los aspectos destacados se encuentra la creación de un rubro de más de $5.000.000.000 destinado a la reestructuración de pasivos, como parte de la Ley de Intervención Económica liderada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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La secretaria de Hacienda, Yakaira María Galvis Torres, explicó que el gasto de funcionamiento está tasado en $14.300.000.000, mientras que $24.000.000.000 se reservan para inversiones prioritarias, incluyendo agua potable, saneamiento básico e infraestructura.
Posturas divididas en el Concejo
La principal discordia radica en la aplicación de la Ley de Intervención Económica. Algunos concejales consideran que la normativa no está en firme debido a la ausencia de una resolución definitiva del Ministerio de Hacienda, lo que genera dudas sobre su viabilidad legal.
El concejal William Felipe Sánchez Casadiego manifestó su preocupación por los riesgos de futuras demandas judiciales. “Desde el punto de vista matemático existen algunos enredos, y no se debe correr el riesgo de desfinanciar sectores contemplados en el Plan de Desarrollo”, afirmó.
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Además, enfatizó que los procedimientos legales aún están en curso, y que asumir decisiones apresuradas podría generar consecuencias graves para el municipio.
El camino adelante
Ante la falta de consenso en el Concejo, el futuro del presupuesto queda en manos del alcalde, quien deberá decidir si adopta las medidas necesarias por decreto. Mientras tanto, los habitantes de Ocaña esperan que se prioricen los recursos disponibles para atender las necesidades más urgentes, como los programas de saneamiento básico e infraestructura.
La situación pone de manifiesto las complejidades administrativas y legales que enfrenta el municipio, así como la necesidad de alcanzar acuerdos que beneficien a toda la comunidad.
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