Los recientes actos terroristas con la muerte de varios militares y el daño ambiental por la detonación de cargas explosivas en el oleoducto Caño Limón-Coveñas preocupa a los habitantes de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo.
Líderes sociales, alcaldes, personeros y la iglesia católica claman al Gobierno nacional reanudar las conversaciones con los voceros del ELN para mitigar el impacto en la economía regional.
La personería municipal de El Carmen, Norte de Santander, liderada por la abogada Delia Judith Torres Durán, y la parroquia Santo Ángel custodio del corregimiento de Guamalito, a cargo del presbítero Jorge Luís Carvajal Garnica, se pronunciaron de manera conjunta sobre los hechos ocurridos en ese centro poblado en los últimos días donde los niños del colegio Santo Ángel estuvieron expuestos al peligro, dos soldados murieron y fue dinamitada la infraestructura petrolera ocasionando un daño ambiental de grandes proporciones.
Rechazan tajantemente los hechos ocurridos en la jurisdicción donde dos miembros de las fuerzas militares pierden la vida. Se solidarizan con los moradores de la zona y como garantes de paz expresan la disposición en la generación de espacios de diálogo con los actores armados presentes en el territorio con el fin de buscar soluciones y así evitar la repetición en las alteraciones del orden público.
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“Reconocemos la situación de complejidad en la zona del Catatumbo donde la presencia de grupos armados ilegales ha generado un clima de violencia y zozobra. Creemos firmemente en el poder del diálogo como herramienta fundamental para construir una paz sostenible”, reiteran en un comunicado.