En medio de cuestionamientos de la comunidad, la Alcaldía de Cúcuta desarrolló el día de ayer el desalojo de una vivienda conocida como ‘La Muela’  ubicada en la Avenida 0 entre calles 8 y 8A del barrio Latino.  Esta casa, que era ocupada por una mujer de 85 años, ha sido escenario de conflictos legales desde hace más de dos décadas. 

De acuerdo con las autoridades municipales, los problemas que rodean a esta vivienda son su ocupación indebida, la invasión que causaba en el espacio del andén y también el aprovechamiento económico ilícito del espacio público.

En este sentido, las autoridades afirmaron que la jornada que se adelantó, ayer, fue un proceso de restitución por ocupación de un inmueble que es un bien fiscal.

Explicaron que esta diligencia se llevó a cabo porque en 2003 la Alcaldía de Cúcuta compró esa casa con la finalidad de construir un andén. Sin embargo, afirmaron que para ese año  ya estaba siendo habitada de manera ilegal por la señora. 

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“Ese mismo año la señora emprendió un proceso de ocupación por la vía judicial, pero le salió en contra. Luego el municipio inició el proceso de restitución por ocupación ilegal y hasta hace tres años se logró que el proceso terminara a favor del municipio”, aseguró Edgar Rozo, inspector cuarto urbano de Policía de Cúcuta.

Pese a esto, el inspector precisó que no se había podido ordenar el desalojo de la adulta mayor antes porque una acción de tutela había ordenado darle un tratamiento social cuándo se llevara a cabo la diligencia.

Ante ello, Rozo agregó que en un principio la señora renunció a la oferta social que le hacía el municipio de Cúcuta. Sin embargo dijo que el día de ayer ella aceptó y por lo tanto se trasladó hacia un centro geriátrico de manera provisional.

“Al tratarse de una adulta mayor, que no tiene las condiciones necesarias de techo, vivienda y comida, el gobierno municipal tendrá que ocuparse de ir mejorando sus condiciones por medio de los organismos correspondientes, como la dirección de Bienestar Social”, sostuvo.

Asimismo, el inspector aclaró que la señora ya había sido notificada hace tres meses sobre el desalojo. 

Además, comunicó que previo a esta intervención se hicieron cerca de ocho mesas de trabajo para programar el operativo, en las cuales estuvieron presentes entidades como la Defensoría del Pueblo, la Personería municipal, el Departamento de Bienestar Social y la Contraloría municipal.

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Sobre el futuro de la casa, el funcionario anunció que será sellada y que dentro de otro proceso será demolida pues invade el espacio público al estar prolongada sobre el andén.

Una instrucción de la Contraloría

Pedro Durán, contralor de Cúcuta, aseguró que la diligencia de desalojo fue una instrucción de la entidad tras un proceso de auditoría que concluyó demostrando la negligencia del municipio en el cumplimiento de un fallo de tutela que había que satisfacer para poder adelantar la diligencia de desalojo y recuperar el  inmueble que es propiedad del municipio y que, además, es espacio público. 

Además, el contralor destacó que de no adelantarse la recuperación del predio, la administración municipal se hubiera enfrentado a consecuencias disciplinarias y fiscales por parte de la Contraloría, porque se trata de un patrimonio público. 

“Si bien la señora es adulta, se hizo mayor ocupando de manera ilegal el inmueble por más de 20 años. Ese predio es un bien fiscal y zona de espacio público marcada en el Plan de Ordenamiento Territorial, por lo que la propiedad no puede discutirse ya que le pertenece al municipio”, enfatizó Durán. 

Igualmente, el contralor recalcó que la invasión al espacio público que esta vivienda provocaba ha causado múltiples accidentes de tránsito a peatones. Incluso, indicó que esa situación llevó a  que se instalara la barrera metálica que suple al andén. 

“También cabe recalcar que la mujer no solo ocupaba la casa, sino que además arrendó la mayor parte de la vivienda a una bodega de cerveza. Por lo tanto había un aprovechamiento económico ilícito de la casa”, manifestó.

Adicionalmente, el funcionario expuso que ante una acción de tutela interpuesta por un juez en 2023, se hicieron mesas de coordinación con diferentes autoridades para garantizar que se cumpliera el fallo judicial de proteger los derechos de la señora, al momento del desalojo. 

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“Se envió a la señora a una casa geriátrica contratada por el municipio, donde se le garantiza vivienda, cuidados médicos y condiciones de dignidad”, resaltó.

Por otra parte, el contralor dijo que este fue un caso piloto de la Contraloría y el primero de otros que se van a desarrollar en materia de recuperación de espacio público, que esté siendo aprovechado por particulares con fines económicos.

La señora y su abogado se pronuncian

Ángela Oliva Deoza Bedoya, habitante del inmueble, negó haber recibido alguna información sobre su desalojo, antes del aviso que le hicieron las autoridades hace tres meses. 
 

Asimismo, la mujer comentó que en anteriores administraciones no se le intentó desalojar de su vivienda. 

“Yo llevo viviendo 50 años en la casa. Llegué allí en el momento que una señora me encargó cuidarla, cuando la vivienda era de la Unión Ciudadanas de Colombia. Luego supe que ella se la vendió a la Alcaldía y nunca me dijeron nada”, recordó.

De igual forma, la mujer recalcó que durante todos los años que permaneció allí, siempre cumplió pagando cada uno de los servicios públicos. 

Por su parte, Anderson Avendaño, abogado de la mujer, manifestó su rechazo a esta situación y destacó que va a utilizar las herramientas legales para buscar una indemnización y reparación para ella.

“La señora tiene declaradas unas mejoras en el año 2016. Sí bien es cierto que es un bien fiscal hay unas excepciones para que ella pueda tener el reconocimiento de esas mejoras que no le quieren reconocer porque dicen que es un bien fiscal”, puntualizó. 

Denuncian robo de la casa

De otra parte, Miguel Ángel Castro, aseguró que la casa involucrada en esta situación pertenecía al escritor regional Luis Gabriel Castro, indicando que la misma fue usurpada y robada tiempo después.

“Nunca la familia ha reclamado, pero la esposa de Luis Gabriel fue obligada a entregar dicha propiedad sin que recibiera nada. Hoy, los nietos, como yo, quisiéramos recuperar dicha propiedad que fue robada hace más de 60 años”, señaló en un correo a La Opinión.

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