Las amenazas contra líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal han ido en aumento este año. De acuerdo con Hugo Rey, presidente de la Federación Comunal de Cúcuta, durante el 2026 se han presentado 50 casos de amenazas en la ciudad. 

El presidente afirmó que esta cifra es preocupante pues representa un aumento de cinco casos en comparación a los registrados durante 2025. También aseguró que las amenazas se han reportado principalmente en las comunas 6, 7, 8, 9 y 10 de Cúcuta.

En cuanto a la modalidad de estos actos, recalcó que la mayoría son a través de mensajes y llamadas intimidantes. Además, denunció que se han presentado casos donde  hombres encapuchados en motocicleta interceptan a los líderes en sus barrios y les advierten que se retiren y dejen de denunciarlos.

“También les advierten sobre dar entrevistas o hablar con la Policía. Los responsables de estos actos son actualmente las disidencias de las Farc y el Eln, pero anteriormente han sido bandas delincuenciales como los AK-47 y la Familia P”, sostuvo Rey, quien explicó más de un 70% de los amenazados son presidentes de junta.

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Según indicó Hugo Rey, esas amenazas han causado que algunas personas se retiren de la labor comunal. Agregó que en la comuna 8 un presidente de junta se tuvo que mudar de su residencia y otros dos no continuaron y tuvieron que irse de Cúcuta.

Además, expuso que como consecuencia de este panorama menos personas quieren participar o hacer parte de las Juntas de Acción Comunal. 

“Los ciudadanos no se quieren lanzar para ningún cargo porque prefieren estar tranquilos que verse inmersos en esas amenazas. Es importante destacar que esas intimidaciones vulneran el derecho a la libertad de expresión, a la libre asociación y la movilidad, entre otros”, añadió.

El llamado a las autoridades 

Ante este problema, el presidente de la Federación Comunal recalcó que ha sido necesaria una respuesta más efectiva por parte de las autoridades. 

Aseguró que en el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), los casos siempre se quedan en estudios de riesgos y en la Fiscalía se inician las investigaciones, pero no se dan golpes contundentes contra los responsables.

Igualmente, manifestó que no han existido alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo ni otras entidades competentes.

“Los únicos que responden son la Policía Nacional mediante unos cuadrantes por la vida que están pendientes de los líderes y los visitan periódicamente. Sin embargo, mi llamado es a fortalecer esos cuadrantes y la Policía Comunitaria. A la Fiscalía y demás entes les pido que den resultados efectivos y nos digan quienes son los responsables de las amenazas”, concluyó.

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Registro en el país

Diego Sánchez era un líder comunal y comunitario, actual fiscal de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Portento, en Antioquia. Mientras se dirigía a la vereda Normandía para realizar labores de construcción, fue recibido con disparos que le causaron la muerte, según el reporte del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Sánchez era reconocido por su trabajo comunitario y servicio colectivo en este territorio del municipio de El Retiro, Antioquia. 

De acuerdo con Indepaz, con este caso ya son 126 los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos asesinados en el país durante 2026.

Ante la persistente amenaza, la Defensoría del Pueblo se mantiene vigente la Alerta Temprana 019/23, en la que advierte el escenario de riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales por cuenta del control territorial y la imposición de normas por parte de grupos armados. 

Pero recientemente la Defensoría emitió un nuevo mensaje de alerta por las preocupantes cifras de asesinatos en líderes sociales, así como de masacres perpetradas en el territorio nacional, en lo que va de este año.

La institución pidió que su labor no sea estigmatizada ni se convierta en un factor de riesgo para su vida e integridad.

“Defender derechos es un derecho. Las personas lideresas protegen el territorio y su trabajo no debe ser estigmatizado ni convertirse en un factor de riesgo”, fue el mensaje central de la alerta de la Defensoría.

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El llamado de la entidad también incluyó los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz. Entre enero y agosto de este año fueron asesinadas 10 personas que habían suscrito ese pacto.

Cauca concentró tres de esos casos; Caquetá y Putumayo tuvieron dos cada uno. Huila, Valle del Cauca y Norte de Santander registraron un asesinato, respectivamente. Cinco de los homicidios ocurrieron en agosto y tres en febrero, según las cifras, que toman como fuente el observatorio de Indepaz.

Además, según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, con el hecho registrado a inicios de octubre en Segovia (Antioquia), en el que fueron asesinadas tres personas, se configuró la masacre número 97 en Colombia durante este año.

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